El error que convirtió un cobro sencillo en dos instancias y una casación

Había una vez un acreedor con la mala costumbre de hacer las cosas bien. Contrato firmado, monto claro, plazo vencido, intereses pactados sin ambigüedad. Demandó por la vía más aburrida que existe, el proceso declarativo ordinario con pretensión de pago, sin pedir embargos ni la ejecución de ninguna garantía. Pidió, nada más, que le pagaran lo que en papel, con firma y todo, le debían.

Y perdió. No porque le faltara sustento a la deuda, sino porque su caso se leyó como una novela distinta a la que él había escrito.

Así arranca la travesía: no a caballo por un reino medieval, sino a punta de escritos, plazos perentorios y sellos de recepción, al mismo ritmo que el calendario judicial, que no es precisamente el de un corcel veloz, rumbo a un único destino posible: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ese gran monarca togado que aguarda al final del camino y ante cuyo trono los súbditos acuden a pedir, con la venia correspondiente, que se lea bien la ley.

Toda cabalgata tiene un punto de partida, y este no fue el Tribunal de Apelaciones: fue antes, en el juzgado de primera instancia, donde la autoridad judicial abrió, sin proponérselo, el portón que echó a andar todo el viaje. Su sentencia desestimó la pretensión de pago con un razonamiento que tiene apoyo en la letra de la ley, solo que en la norma equivocada. El artículo 274, párrafo segundo, CPCN dispone, en efecto, que la copia simple de un documento privado surte los mismos efectos que el original siempre que la parte demandada haya comparecido y no cuestione su conformidad. Como el demandado estaba en rebeldía, la conclusión parecía caer por su propio peso. El problema es que el contrato no era un documento privado.

El artículo 16 de la Ley N.º 936 atribuye fuerza de instrumento público, «sin necesidad de reconocimiento judicial previo», al contrato de garantía mobiliaria que consta en documento privado, con las firmas de los contratantes razonadas por notario público, o en documento electrónico. Un documento es público o privado, no las dos cosas a la vez; y si es público, se aporta conforme al artículo 269 CPCN, que admite la copia simple «si no se hubiere impugnado su autenticidad». Nadie la impugnó. Ahí, en ese primer despacho, se sembró la semilla: la idea de que la sola rebeldía bastaba para restar fuerza probatoria a un documento que la ley protegió de forma expresa. La autoridad judicial de primera instancia no inventó la ejecución de garantía que después imaginaría el Tribunal, pero esa semilla, regada en segunda instancia, floreció en el jardín equivocado.

La sentencia de segunda instancia sostuvo que «prácticamente lo que se está solicitando es la ejecución de la garantía». Prácticamente. Como si el Derecho aceptara adverbios de aproximación. Ni la demanda ni los agravios de apelación pidieron ejecutar nada, pero el Tribunal resolvió el pleito que él mismo se había representado, y no el que las partes le llevaron.

El artículo 566 CPCN no permite pedir en casación una nueva valoración de la prueba, pero sí el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que el defecto sea determinante para un fallo en sentido diferente. La infracción de las normas que regulan la forma y el contenido de la sentencia es, además, motivo de casación (artículo 562, párrafo segundo, numeral 3, CPCN). Aquí el defecto fue determinante: sobre esa premisa se descartó la prueba central de la deuda.

El corazón del entuerto es el artículo 16 de la Ley N.º 936, Ley de Garantías Mobiliarias, que atribuye al contrato de garantía mobiliaria dos efectos distintos: fuerza de instrumento público y, por separado, mérito ejecutivo en las condiciones que la misma ley determina. Ninguno depende del otro. El Tribunal, sin embargo, leyó ahí un candado que el legislador no puso: sin ejecución de la garantía, no hay instrumento público que valga.

Bajo esa premisa, degradó el contrato, que por mandato del artículo 17, numeral 4, de la Ley N.º 936 lleva cosidos el monto de la obligación, los tipos de interés, el plazo y la forma de pago, a la categoría de simple documento privado, y le aplicó el artículo 274 CPCN en lugar del artículo 269 CPCN, que era el que correspondía. Cambiar un número de artículo por otro no es cosmética jurídica: es la diferencia entre que la prueba de una deuda valga o se convierta en papel decorativo.

Para completar la faena, el Tribunal apoyó su conclusión en la rebeldía del demandado, que ni siquiera se presentó a batallar. Pero no comparecer no es lo mismo que impugnar: uno es silencio, el otro es un acto. El artículo 434 CPCN le da a ese silencio un efecto preciso, que la incomparecencia se entienda como negativa de los hechos, y nada más; no lo transforma en una impugnación de la autenticidad de los documentos. Convertir la ausencia del deudor en su mejor defensa es, cuando menos, una forma curiosa de premiar a quien decidió no jugar la partida.

Privar al acreedor del único medio de prueba idóneo que tenía sobre la mesa lo dejó, además, en indefensión, y la infracción de las normas que regulan los actos y garantías procesales, cuando produce indefensión, es motivo de casación (artículo 562, párrafo segundo, numeral 2, CPCN).

Corregir todo esto no ha sido gratis ni rápido. Hubo que agotar primero la apelación, donde el error no solo se repitió sino que se amplió, y después interponer el recurso de casación, por motivos procesales y de fondo, dentro del plazo de veinte días que marca el artículo 567 CPCN. El recurso se encuentra en trámite ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la única con autoridad para decir, con todas sus letras, que la ley se leía distinto.

Mientras tanto, la deuda original, clara, documentada y sin ningún misterio que ameritara semejante viaje, sigue ahí, esperando. Los intereses corren, pero el acreedor no cobra ni un córdoba de ellos mientras el expediente viaja.