Pensión compensatoria: la sentencia que reconoció 63 años de trabajo doméstico no remunerado

La actora de este caso se casó en 1952, a los diecisiete años, con un hombre que entonces trabajaba de electricista y vivía en casa de su madre. Sesenta y tres años después, cuando el matrimonio finalmente se disolvió, ella tenía 79 y él era dueño —solo o en copropiedad con su pareja actual— de al menos seis inmuebles y socio de una sociedad mercantil. En medio siglo de vida en común, la actora nunca desarrolló una profesión propia ni acumuló patrimonio a su nombre: crió a sus hijos, y también a los que su esposo tuvo fuera del matrimonio, mientras él construía un negocio. La disputa por lo que le correspondía tras la ruptura terminó, tres instancias después, en la Corte Suprema de Justicia.

El demandado no lo hizo fácil. Cuando la actora demandó la pensión compensatoria, él opuso una excepción de cosa juzgada: alegó que ya existía una sentencia de divorcio, dictada supuestamente en 2010 por una jueza de Catarina. El juzgado ofició para verificarlo y la respuesta fue contundente — esa sentencia nunca existió. No había expediente, no había trámite, no aparecía en el libro copiador del juzgado. Era una inscripción fraudulenta, y el tribunal ordenó al Registro de las Personas anularla. Ese dato, aparentemente lateral, terminó pesando en el fallo final: la Corte Suprema lo trató como una muestra de mala fe procesal que reforzaba, no debilitaba, la posición de la actora.

La pensión compensatoria no es lo mismo que la pensión alimenticia, aunque se confunden con frecuencia. La alimenticia responde a un estado de necesidad: se debe porque alguien no puede sostenerse. La compensatoria, regulada en el artículo 177 CF (Ley No. 870, Código de Familia), parte de una idea distinta — corrige el desequilibrio económico que el divorcio produce cuando uno de los cónyuges quedó, durante el matrimonio, fuera del mercado laboral por dedicarse al hogar. La norma es clara al respecto: procede "siempre que no exista repartición de bienes entre los cónyuges o convivientes, a fin de evitar el desequilibrio económico que para uno de los cónyuges puede significar el divorcio en relación con la posición del otro cónyuge, y un empeoramiento de la situación que tenía durante el matrimonio". No hace falta demostrar pobreza. Hace falta demostrar una caída relativa.

Para que proceda, deben concurrir cuatro presupuestos a la vez, y la Sentencia 018-2018 los precisó todos: que la solicitud se presente de forma oportuna, que no exista ya una repartición de bienes que compense el desequilibrio, que ese desequilibrio sea efectivo y objetivamente demostrable, y que la situación del cónyuge afectado haya empeorado en comparación con la que tenía durante el matrimonio. En el caso de la actora los cuatro estaban presentes casi de manual: pidió la pensión al momento del divorcio, no hubo bienes que repartir a su nombre porque nunca los tuvo, el desequilibrio frente a un esposo dueño de seis propiedades era evidente, y su situación —sin oficio, sin ingresos propios, a los 79 años— era objetivamente peor que la que tuvo, aunque fuera modesta, durante el matrimonio.

El artículo 177 no trae una tabla ni una fórmula. Deja al juez un margen amplio, guiado por ocho criterios: edad y salud, calificación profesional, dedicación al hogar y a la crianza, duración del matrimonio, patrimonio de ambos cónyuges, la eventual pérdida de un derecho de pensión, la colaboración prestada a la actividad del otro, y —el que terminó siendo decisivo en este caso— el valor del trabajo doméstico no remunerado. La Corte Suprema fue explícita en este punto, citando la Recomendación General No. 17 del Comité CEDAW: las tareas del hogar tienen un valor de mercado calculable, comparable al de una asistente, una niñera, una maestra, una psicóloga. Multiplicado por 63 años, ese valor —dice la sentencia, casi sin rodeos— es sencillamente incalculable.

El primer juez que conoció el caso, del Juzgado Cuarto de Familia de Managua, resolvió en octubre de 2015 entregarle a la actora uno de los inmuebles del demandado como pensión compensatoria. El Tribunal de Apelaciones, dos meses después, revocó esa parte del fallo. Para la Sala de Apelaciones, obligar a alguien a entregar un inmueble equivalía a una expropiación —una lesión al derecho de propiedad privada que protege el artículo 44 Cn.— y sustituyó la dación por una pensión dineraria de apenas USD 200 mensuales.

La Corte Suprema no estuvo de acuerdo, y lo dijo sin medias tintas: calificó de errada la interpretación del Tribunal de Apelaciones. El artículo 177 del Código de Familia, razonó la Sala, no es una norma de Derecho Común que deba ceder ante la garantía de propiedad privada; es una institución de naturaleza familiar y de orden público, con su propio régimen —el Código de Familia, la Constitución y los tratados de derechos humanos— que no admite que se le apliquen supletoriamente reglas pensadas para otro tipo de relaciones jurídicas. Dicho de otro modo: la dación en pago de un inmueble no es una expropiación cuando lo que se está pagando es una deuda real, reconocida por ley, y probada en juicio.

Detrás de la discusión técnica sobre modalidades de pago hay una premisa que la Corte Suprema no dejó implícita: los artículos 480 y 483 del Código de Familia obligan al juez de familia a decidir con perspectiva de género, y eso no es un adorno retórico. La Sala construyó su argumento sobre un bloque amplio de normas internacionales —la CEDAW y sus Recomendaciones Generales 17, 19 y 21, la Convención de Belém do Pará, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Opinión Consultiva OC-4/84 de la Corte Interamericana— para sostener que la igualdad que exige la Constitución nicaragüense es real, no meramente formal. Una igualdad formal se conforma con que la ley trate igual a hombres y mujeres sobre el papel; una igualdad real exige mirar qué pasó efectivamente durante 63 años de matrimonio, y corregirlo si hace falta.

Ante la falta de jurisprudencia nicaragüense consolidada sobre la materia, la Corte recurrió también al derecho comparado —una práctica que el propio Código de Familia autoriza en sus artículos 7 y 436. Citó una sentencia salvadoreña de 2006 (Cámara de Familia de la Sección Segunda, Ref. 21-A-2006), según la cual entre más criterios equivalentes concurran, mayor debería ser la pensión; y dos fallos chilenos de 2009, de las Cortes de Antofagasta y de Concepción, que admiten expresamente la dación de bienes muebles o inmuebles, la constitución de garantías, o la retención directa al empleador del deudor como formas válidas de pago.

La Corte Suprema casó de oficio la sentencia de segunda instancia y dejó firme la de primera. Le ordenó al demandado que, en un plazo de quince días, otorgara a favor de la actora escritura pública de dación en pago sobre el inmueble en disputa —bajo el apercibimiento de que, si no lo hacía, el propio juez de familia lo haría en su nombre y a su costa. También ordenó anotar preventivamente la resolución en el Registro de la Propiedad, para blindar el inmueble de cualquier traspaso o gravamen mientras se ejecutaba la sentencia. Contra ese fallo no cabía recurso alguno.